Saturday, July 8, 2017

Point number six: Implementation, verification and public endorsement.

October 2nd, 2016; how could I forget the day in which Colombia’s citizens would decide whether to support the final agreement for the end of the conflict and the development of a stable and lasting peace.  Experiencing 62 percent of absenteeism, the plebiscite was rejected by the 50.2 percent of the voters who were outraged and did not support the way the accord had been set in Havana, Cuba.   In fact, some of the voters believed that the agreement’s “gender-based approach” opposed their personal convictions against homosexuality.  It is an unfortunate mistake to be unknown that actually this approach means equal opportunities for women’s participation and the involvement of their organizations in the accord’s implementation.  

I witnessed that dark day at the Colombian Consulate in Newark, New Jersey. Sadly, I slowly started to realize how Colombians were divided by our ideas.  I understood that the act of forgiving is more difficult than we usually think. Despite of my own personal indignation over the result, it was indeed, necessary to reconcile the ideas’ division cleaving our country.

Despite the early October setback, it took the government less than two months to assure that the peace path should remain firm, but this time, it had to consider the opposition’s remarks.  Fortunately, the agreement was well structured and happened to include the legislative initiative as an alternative endorsement, so by late November, the government had already signed an edited and final agreement for peace. 

The current implementation and the pace at which it has been carried is impressive, and especially due to the participation of the UN’s political verification mission which achieved the collection of the FARC’s weapons armament in 180 days.




 Social media is filled with dissenting and rejecting opinions from fellow Colombians who are still reluctant to believe in forgiveness and a reconciliation’s future.  They remain skeptical of the new Colombia where FARC’s arms will no longer pose a threat to innocent children.


The post-conflict era that the peace agreement projects for Colombia requires the constant verification of both national and international observers, which is overlooked by the opposition. Once the collection of FARC weapons is complete, certainly different difficulties will arise during the post-conflict path. Reconciliation’s process will require additional efforts which are impossible to accurately predict now; however, the responsibility to act should rely on officials at the municipal and departmental levels.  It is irrational to blame one single person, namely the president of the republic, for all the country’s struggles and post-conflict challenges.   The Special Jurisdiction for Peace (JEP) and the economic and social reincorporation of the ex-FARC combatants should be a task every mayor, governor, government representative and citizen of Colombia adopts.



Implementation duration


What is the Colombians’ overall knowledge regarding the Framework Plan for Implementation of the Agreements (Plan Marco de Iplementación de los Acuerdos)?   One can say it will be in force during ten years, and it will be included within the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo) during the following two presidential terms; therefore, Colombians should get acquainted with it.  Let’s not fail because of ignorance.  Let’s not destroy the present due to the hate suffered during our past.


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Punto Seis: Implementación, verificación y refrendación

Cómo olvidar el dos de octubre de 2016, día en el que Colombia decidiría si apoyaba el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con un absentismo de aproximadamente 62%, el plebiscito fue rechazado por el 50.2% de los votantes, que en un sentir de indignación, no deseaban que el acuerdo pactado por el gobierno se llevara a cabo bajo lo establecido en la Habana.  Es más, algunos de los votantes creyeron que el “enfoque de género” del acuerdo, contradecía sus convicciones personales en contra del homosexualismo.  Grave error el desconocer que la igualdad de oportunidades de participación de mujeres y sus organizaciones dentro del acuerdo, es lo que afortunadamente se encuentra establecido para la implementación del mismo, asi como también, un enfoque étnico.

Viví aquel día gris en el Consulado de Colombia en Newark, Nueva Jersey y con profunda tristeza poco a poco me enteraba de que los colombianos nos encontrábamos en una división de ideas.  Entendí que perdonar es más difícil de lo que muchos piensan y que a pesar de mi personal indignación ante los resultados, era claro que era necesario reconciliar esta división de ideales en nuestro país.  Al gobierno le tomó menos de dos meses demostrar que a pesar del dos de octubre, el camino de la paz debía continuar firme, pero teniendo en cuenta las observaciones de la oposición. 

Afortunadamente el acuerdo estaba estructurado de tal manera, que incluía la iniciativa legislativa como forma de refrendación y gracias a ello, a finales de noviembre de 2016, ya se había firmado un nuevo acuerdo final para la paz.  A la fecha, siguen siendo admirables todos los acontecimientos y el ritmo en el cual se ha llevado a cabo la implementación, especialmente la participación de la misión política de verificación de las Naciones Unidas, la cual ha logrado en 180 días, una recolección importante del armamento de las FARC.





En las redes sociales aún se percibe inconformismo y rechazo por parte de los colombianos quienes aún no le abren paso al futuro que solo el perdón y la reconciliación le pueden brindar a la nueva Colombia, en donde ningún niño más será asesinado por la miles de armas que antes poseían las FARC.  

El post-conflicto que el acuerdo de paz proyecta para Colombia contempla una constante verificación nacional e internacional que le hace falta valorar a los opositores.  Claramente en el camino vendrán diferentes problemas después de la entrega de armas y la reconciliación implicará esfuerzos adicionales que son casi imposibles de predecir acertadamente en la actualidad, sin embargo, la responsabilidad debería recaer también a nivel municipal y departamental.  No es racional culpar de todos los males del país y del post conflicto a una sola persona, el presidente de la república.  Tanto la llamada Jurisdicción Especial para la paz (JEP), como la reincorporación económica y social de los excombatientes, debería ser también responsabilidad de alcaldes, gobernadores, demás representantes gubernamentales y de cada uno de los colombianos.

Duración de la Implementación

¿Cuál es el conocimiento general de los colombianos con respecto al Plan Marco de Implementación de los Acuerdos?  Podemos empezar diciendo que estará vigente por diez años y que estará incluido en el Plan Nacional de Desarrollo durante los dos siguientes periodos presidenciales, por lo cual deberíamos empezar a familiarizarnos al respecto.  No pequemos por ignorancia, no destruyamos el presente por el odio que fue marcado en nuestro pasado.

#sialapaz  #lapazavanza  #todossomoscolombia #cortemoselciclodelaviolencia


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